China aclara derechos de ciudadanos a demandar al gobierno

Actualizado a las 26/08/2014 - 08:33

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BEIJING, 25 ago (Xinhua) -- La Asamblea Popular Nacional de China (APN, máximo órgano legislativo) comenzó hoy lunes la segunda lectura de un proyecto de enmienda a la Ley de Procedimiento Administrativo que hará más fácil que los ciudadanos puedan llevar a juicio al gobierno.

La ley vigente establece que ciudadanos, empresas u otras entidades pueden presentar demandas contra agencias o personal de instituciones gubernamentales por "actos administrativos específicos" que consideran que han conculcado sus derechos.

La propuesta eliminará la palabra "específicas", que en la práctica sirve de excusa a los tribunales para evitar aceptar algunos casos, puesto que los artículos 11 y 12 describen claramente las disputas procesables.

En la actualidad, los tribunales sólo pueden revocar una acción administrativa cuando se considera ilegal. La propuesta ampliará la cobertura hasta acciones que sean "evidentemente irrazonables".

El segundo cambio importante reside en la obligación de que los demandados -los representantes de las administraciones concernientes- se personen ante el tribunal. En la práctica actual, algunos acusados se limitan a pedir a sus abogados que les representen en el tribunal, lo que ayuda poco a resolver las disputas.

Otro cambio estipula que se considere acusados tanto al departamento original que realizara la acción en cuestión como a la administración que revisara el caso. Bajo la ley vigente, esta última sólo comparecerá como demandada en caso de que hubiera alterado la decisió original.

En la práctica, estas estipulaciones han provocado que las agencias sean reacias a cambiar las decisiones controvertidas, evitándose así complicaciones legales, pero causando la ineficiencia del sistema de revisión administrativa.

La enmienda también propone que se extienda el límite de tiempo para que los demandantes presenten sus demandas y se celebren las audiencias.

La Ley de Procedimiento Administrativo, que entró en vigencia en 1990, es en la actualidad la principal herramienta que garantiza el derecho de los ciudadanos a llevar a juicio al gobierno.