CARACAS, 12 ene (Xinhua) -- La Procuraduría General de Venezuela interpuso este martes una acción ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para conocer si la reciente declaratoria de desacato de la Asamblea Nacional (AN) interfiere con la presentación del informe anual por parte del presidente Nicolás Maduro.
El vicepresidente Ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, informó que la iniciativa fue solicitada por el propio jefe de Estado quien, de acuerdo con lo establecido en la Constitución venezolana, prevé presentar su memoria y cuenta dentro de los primeros 15 días de enero.
La víspera, el máximo tribunal de justicia en la nación sudamericana declaró en desacato, así como nulas todas las acciones del Congreso unicameral, tras negarse la directiva de éste a asumir una sentencia que suspende provisionalmente la juramentación de tres diputados opositores de derecha.
"El presidente tiene que presentar su informe anual ante la Asamblea Nacional, y quiere solicitar cuál es el alcance de la decisión tomada por la Sala Electoral (del TSJ) cuando declara nula la actuación de la Asamblea hasta que ésta cumpla la sentencia", afirmó Istúriz.
La decisión del Poder Judicial es enfática al considerar procedente el no reconocimiento de las acciones legales y políticas del Parlamento venezolano hasta que no sean desincorporados los diputados electos en el estado Amazonas (sur).
Dicha medida deriva de un recurso contencioso presentado en diciembre pasado por la fracción oficialista, tras evaluarse presuntas irregularidades en las elecciones del pasado 6 de diciembre en la entidad amazonense.
En este sentido, la solicitud del procurador Manuel Galindo Ballesteros persigue conocer la posibilidad de que el presidente Maduro exponga su memoria y cuenta anual, a dos días de vencerse el primer plazo para dicho propósito.
Según el artículo 237 de la Constitución venezolana, durante los 10 primeros días del a?o el mandatario debe dar cuenta de los aspectos políticos, sociales, económicos y administrativos de su gestión anual pasada.
De no concretarse esta exposición, el dignatario tiene un nuevo lapso de cinco días, siendo el 15 de enero la fecha máxima en la cual podrá dirigirse al Parlamento y la nación.