Gobierno de Costa Rica insiste en legislación contra el fraude fiscal

Actualizado a las 16/04/2016 - 14:26

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El Ministerio de Hacienda de Costa Rica reiteró hoy la necesidad de modificar el marco jurídico del país con el objetivo de combatir el fraude fiscal.

El llamado de la cartera de Hacienda se dio tras un reciente informe entregado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al G20, que reúne a las economías más desarrolladas y las principales emergentes del mundo.

En el informe la OCDE insistió en la importancia de implementar los estándares de transparencia tributaria acordados internacionalmente en el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales.

En el texto, el secretario general de la OCDE, Angel Gurría, resaltó la relevancia de asegurar que todas las naciones implementen las normas establecidas internacionalmente por la Organización y de poder identificar a los beneficiarios finales de las entidades jurídicas.

Al respecto, el ministro de Hacienda y primer vicepresidente de Costa Rica, Helio Fallas, recalcó que esas intenciones son las que el Gobierno propone en su "Proyecto de ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal", que fue presentado por el Poder Ejecutivo a mediados de 2014 y que aún no es aprobado por el Poder Legislativo.

El jerarca de Hacienda resaltó las coincidencias del proyecto con el llamado de la OCDE, principalmente en materia de identificación de beneficiarios finales y de acceso a la información de relevancia tributaria.

"Costa Rica debe reforzar su transparencia, de tal manera, que el país no se preste para el fraude fiscal o el lavado de dinero proveniente de otras jurisdicciones", dijo Fallas.

El proyecto de ley contra el fraude fiscal propuesto por el oficialismo en Costa Rica no cuenta con el apoyo de la oposición, que controla la mayoría de la Asamblea Legislativa.

Desde julio de 2015, la OCDE estableció la hoja de ruta para la adhesión de Costa Rica a la Organización; en ese documento se especificaron los términos y las condiciones para la inclusión del país, entre los cuales se establecieron avances necesarios en materia de transparencia tributaria.