El Tribunal Supremo Electoral (TSE) abrió hoy la posibilidad de someter el padrón de votantes de Bolivia a una auditoría internacional una vez que hayan concluido los comicios presidenciales de octubre, pero no antes.
El vicepresidente de ese organismo, Wilfredo Ovando, manifestó a los periodistas en La Paz que hay varias organizaciones políticas que dudan del padrón electoral, y para despejar esas susceptibilidades se puede tramitar este proyecto a nivel internacional.
"En caso de ser necesario, en este momento no se puede hacer auditoría; algunas organizaciones políticas están exigiendo auditoría, auditoría se hace a un trabajo ya culminado, en este momento no hay auditoría.
"Nosotros vamos a ver la posibilidad de que una vez concluido el trabajo solicitar la auditoría a algún organismo internacional; veremos esa posibilidad", declaró Ovando.
El vicepresidente del TSE respondió de esta manera a las críticas de la oposición respecto del padrón electoral, y a las versiones sobre un supuesto fraude que estaría en curso.
Cinco binomios, uno del oficialismo y cuatro opositores, pugnan por la presidencia en los comicios que se desarrollarán el 12 de octubre, los mismos que ya arrancaron, de acuerdo con el cronograma electoral, sus campa?as políticas.
"Es un tema de apreciación. Lo importante es que nosotros tenemos el registro biométrico; que yo conozca, y he visitado varios países, es el más confiable, es el más transparente; el padrón biométrico tiene varios candados de seguridad", a?adió.
Ovando dijo que el TSE puede entregar datos del padrón electoral sólo a requerimiento fiscal o bajo la orden de un juez, porque se trata de una información privada que debe ser protegida.
"La ley no nos posibilita, porque la misma ley protege el derecho a la intimidad y a la privacidad; es otro tema que establece la normativa legal. Bajo esta lógica, nosotros podemos dar datos de cada persona, todos los datos que quieran, pero en base a orden judicial, orden del juez, o en base a un requerimiento fiscal", indicó.
Aclaró que la Ley del órgano Electoral establece claramente que esa institución está facultada para proporcionar a las organizaciones políticas "datos estadísticos", entre ellos el número de votantes a nivel nacional, departamental, municipal o regional; sin embargo, la misma norma protege el derecho a la privacidad de las personas.
De esa manera justificó que no se trata de una negativa del órgano Electoral el hecho de no entregar de manera completa el padrón, sino más bien es un tema "enteramente legal".