El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil aceptó hoy las denuncias por supuesta corrupción contra la senadora y exministra Gleisi Hoffmann y su esposo, el también exministro Paulo Bernardo Silva, dos importantes figuras del Partido de los Trabajadores (PT).
Hoffmann y Bernando Silva habían sido denunciados por la Fiscalía general por haber recibido supuestamente dinero desviado ilegalmente de Petrobras para financiar la campa?a electoral de Hoffmann. Concretamente, recibieron al menos un millón de reales (hoy unos 310.000 dólares) de red de corrupción en la petrolera, dinero que no fue declarado al fisco ni a las autoridades electorales.
Junto a ellos, también fue denunciado el empresario Ernesto Kugler. Los tres se enfrentan ahora a corrupción pasiva y lavado de dinero ante la Corta Suprema.
Gleisi Hoffmann fue ministra de la Presidencia en el primer mandato de Dilma Rousseff (2010-2014), mientras que Paulo Bernardo Silva fue ministro de Planificación durante el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y posteriormente fue el responsable de Comunicaciones con Dilma Rousseff.
La defensa de ambos ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que se trata de una "persecución política" contra el PT, el partido de Lula y Rousseff, que dejó el poder el pasado 12 de mayo, cuando el Congreso decidió apartar a la mandataria por supuestas irregularidades fiscales.
Hoffmann ganó mucha notoriedad en los últimos meses en el marco del juicio político que acabó con la destitución de Rousseff, de quien fue una ferviente defensora durante las audiencias realizadas en el Senado, que estuvo a cargo del proceso junto con la Corte Suprema.
Por su parte, Silva responde actualmente en tribunales de primera instancia a otras acusaciones vinculadas con una red de corrupción descubierta en la época en que era el ministro de Planificación. Por ese asunto, Silva llegó a ser detenido en junio pasado, pero fue excarcelado tras una apelación de su defensa que le permitió responder al proceso en libertad.