BRASILIA, 2 mar (Xinhua) -- El juez Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, determinó hoy viernes que el presidente Michel Temer sea incluido en una investigación sobre los ministros jefe de gabinete Eliseu Padilha y de la Secretaría de Gobierno, Moreira Franco, en el ámbito de la Operación "Lava Jato" (Lavadero).
En la misma decisión, Fachin dio 60 días para que la Policía Federal concluya las investigaciones, aunque el plazo podrá ser ampliado si es solicitada una prórroga.
La investigación fue abierta en marzo del a?o pasado con base en la delación de ejecutivos de la constructora Odebrecht, y busca indicios de pago de sobornos en la Secretaría de Aviación Civil, que estuvo bajo la responsabilidad de Padilha y Moreira Franco entre 2013 y 2015.
Esta semana, la fiscal general de la República, Raquel Dodge, pidió la inclusión de Temer en la investigación a partir del relato de un ex director de Odebrecht.
En su testimonio, el ejecutivo Claudio Mello Filhoa dijo que Temer participó en la cena, ocurrida en mayo de 2014, en la que habría sido discutida la división de valores destinados al Partido del Movimiento Democrático Brasile?o (PMDB).
Mello dijo que Padilha sería el encargado de entablar tratativas con agentes privados y descentralizar las recaudaciones financieras de Odebrecht, y que habría dejado claro que hablaba en nombre del entonces vicepresidente Temer.
Cuando el caso surgió por primera vez el a?o pasado, el entonces procurador general de la República, Rodrigo Janot, excluyó a Temer de la investigación por entender que el presidente no podía ser investigado por hechos anteriores al mandato.
La Constitución dice que, durante el mandato, el presidente no puede ser responsabilizado por actos extra?os al ejercicio de sus funciones, pero la fiscal Dodge entiende que eso no blinda a Temer de investigaciones.
En su pedido al STF, Dodge dijo que la investigación debe ocurrir para evitar que se pierdan pruebas.
En su decisión de este viernes, el juez Fachin coincidió con esa interpretación, argumentando que la protección constitucional del presidente se aplica sólo sobre la responsabilidad criminal, y no sobre la posibilidad de que sea investigado.