MEXICO, 15 nov (Xinhua) -- El pleno de la Suprema Corte de Justicia mexicana invalidó este jueves la Ley de Seguridad Interior, una polémica norma promulgada en 2017 para reglamentar las tareas de las fuerzas armadas en el combate a los cárteles de la droga y el crimen organizado.
Diez de los 11 ministros del máximo tribunal se pronunciaron por invalidar la ley bajo varios argumentos, entre ellos que la norma es inconstitucional porque contiene disposiciones que darían paso a una normalización del uso de los soldados en tareas de seguridad pública.
La mayoría de los ministros coincidió en que el Congreso carece de competencia para legislar en torno a la seguridad interior porque esa es una función encomendada al presidente, mediante el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada.
Varios de ellos advirtieron desde que comenzó el debate, el martes pasado, que la ley representaría un incentivo para que las autoridades civiles no asuman la responsabilidad de brindar seguridad a la población con policías.
"Al pretender regular una vertiente de la seguridad nacional, el Congreso en realidad reglamentó aspectos de seguridad pública", planteó el ministro Alfredo Gutiérrez.
El pleno de la Corte mexicana analizó la ley luego de que parlamentarios de oposición, organismos de defensa de derechos humanos y otras instancias promovieron acciones de inconstitucionalidad tras su promulgación, en diciembre del a?o pasado.
La ley establecía mecanismos para que el presidente declarara la participación de las fuerzas armadas en entidades donde el crimen organizado fuera una amenaza a la seguridad interior, una tarea que miles de soldados y oficiales navales desempe?an desde hace una década sin una regulación específica.
Desde su discusión en el Congreso y su posterior aprobación levantó acalorados debates y polémicas, pues activistas acusaron que la ley no atacaba de raíz el problema de la violencia en México y podría abrir la puerta a que las fuerzas armadas sigan en las calles indefinidamente.
El debate en el máximo tribunal partió de un proyecto de sentencia elaborado por el ministro Jorge Pardo, que planteaba avalar la ley pero invalidar o anular varias de sus disposiciones.
"No me parece que el dise?o normativo de la ley que analizamos contenga una hipótesis que refiera que las fuerzas armadas prestarán funciones de seguridad pública o que sustituirán o desplazarán a las instituciones policiales", expuso Pardo, el único que voto a favor del proyecto.
Aunque se publicó el 21 de diciembre del a?o pasado, la ley no fue utilizada porque el presidente Enrique Pe?a Nieto anunció que esperaría a que la Corte resolviera su constitucionalidad ante los reclamos que despertó.
Los militares y marinos patrullan ciudades en varias entidades del país para contrarrestar a organizaciones criminales desde el diciembre de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) echó la mano de ellos para enfrentar la creciente violencia que producían los cárteles de la droga en su pelea por controlar espacios.