CARACAS, 3 oct (Xinhua) -- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció hoy martes el allanamiento contra 18 empresas que obtuvieron divisas preferenciales del Estado, las cuales presuntamente cometieron defraudación por 85 millones de dólares.
En rueda de prensa, el titular del Ministerio Público (MP, Fiscalía) ofreció un balance de casos investigados, entre los que detalló las divisas preferenciales otorgadas por las extintas organizaciones estatales Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) a importadoras.
"Procedimos en estas semanas a verificar 18 empresas beneficiadas con divisas destinadas a la importación de alimentos y medicinas, en que tres de ellas ni siquiera tienen domicilio fiscal, son fantasmas", dijo Saab.
Para este caso, el gobierno se apoyó en la policía anticorrupción y en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), que actuaron en todo el territorio nacional, explicó.
"El monto que recibieron se aproxima a 85 millones de dólares y, por supuesto, implica da?o patrimonial, burlándose (del Estado), en la tarea que tenían de importar, muchas (empresas) ni existen", agregó el fiscal.
En este sentido, mencionó la orden de aprehensión contra los implicados, confiscación de sus bienes por "defraudación al Estado" y anunció que solicitará la "repatriación" del dinero, además de prever la investigación a los que autorizaron la entrega de divisas.
Las acciones del fiscal general apuntan a las importadoras instaladas en territorio venezolano, que por varios a?os obtuvieron divisas preferenciales ante la necesidad de insumos se?alados como "básicos y prioritarios".
Saab refirió la presencia de diversos ilícitos, entre ellos la sobrefacturación, "que llegaron incluso a 230 por ciento".
También abordó el tema de Odebrecht, al tiempo de informar que logró llevar el caso a un tribunal, "luego de nueve meses" y se?aló a su antecesora Luisa Ortega de esta falta.
Recordó que la constructora brasile?a ofreció colaborar con los entes judiciales y el compromiso del propio Poder Ejecutivo en la lucha anticorrupción, al tiempo de comprometer a todo el ámbito judicial en colaborar para enjuiciamiento de los presuntos responsables y el fin de la impunidad.