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Legisladores, especialistas y sociedad en favor de ratificar en México Protocolo Facultativo del PIDESC

MEXICO, 4 jul (Xinhua) -- Senadores, especialistas y sociedad civil hicieron este jueves un llamado a México para ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC).

El PF-PIDESC es un mecanismo internacional de reclamos que permite que las personas que hayan agotado todos los intentos de acceder a reparaciones en sus propios países presenten un reclamo ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CDESC).

En el conversatorio sobre el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, celebrado este día en la Cámara Alta de México, los participantes coincidieron en que el discurso de los derechos humanos puede ser profundamente ideológico si no encuentra los instrumentos para su materialización.

El presidente del Senado mexicano, Martí Batres, aseguró que el sistema internacional para la defensa de los derechos humanos, es "fundamental" en la política exterior de este país latinoamericano, y que "requiere de mecanismos de protección y vigilancia especializados".

De otra forma, acotó, "las instancias internacionales podrían correr el riesgo de ser puntos de referencia éticos y morales, con un gran conocimiento de las realidades sociales, pero con poca incidencia en la injusta realidad social de muchas de nuestras naciones".

Explicó que los Estados que son parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales han declarado que para asegurar sus propósitos es necesarios dotar a su comité de atribuciones que lo hagan un mejor mecanismo de protección.

Se trata de que "puedan recibir, atender y analizar comunicaciones individuales y de los Estados parte, así como atender violaciones sistemáticas de los derechos económicos, sociales y culturales".

El Protocolo, acotó, abriría un espacio para la protección de derechos humanos complementarios en otras instancias

En su momento el representante adjunto en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jesús Pe?a, dijo que esta instancia "valora positivamente que el Senado intente que haya avances en la ratificación del Protocolo".

Los tratados internacionales, enfatizó, "han sido fundamentales para ampliar el espacio de los derechos humanos, porque son una herramienta para quienes los defienden, una guía para las autoridades sobre su implementación y una esperanza para las victimas de los derechos humanos".

A su vez, el Sexto Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, Jorge Carmona, consideró que el Estado mexicano debe fortalecer medidas cautelares para "dar respuesta a los planteamientos en materia de derechos humanos de la sociedad".

"Nos sumamos a este esfuerzo y consideramos que esta ratificación sea en beneficio de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales", apuntó.

En coincidencia, el académico e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México Rodrigo Gutiérrez aseveró que entre más garantías habrá "mayores posibilidades de que un derecho se materialice y se cristalice".

"En el campo de los derechos humanos se debe entender cuáles serían las mejores vías que acompa?arían a las políticas y normas de un país para poder enfrenar las condiciones de pobreza y desigualdad", se?aló.

En el Conversatorio, también participaron la investigadora en el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, Laura Elisa Pérez; el coordinador de investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Pablo Yanes Rizo; así como representantes de organizaciones civiles del Espacio de Promoción de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales e integrante de la Alianza Mexicana contra el fracking, además del Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P". A.C.

El PF-PIDESC corrige un desequilibro histórico, al consagrar un recurso a nivel internacional para violaciones de los derechos económicos sociales y culturales, así como otras importantes medidas de supervisión internacional. A la fecha son trece los Estados que lo han ratificado, cinco de ellos de la región de América Latina, de acuerdo con la ONU.